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El IBI y la Iglesia católica

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL LA LEY NAVARRA QUE LIMITA LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES A LOS EDIFICIOS DEDICADOS AL CULTO

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, y en consecuencia ha declarado inconstitucional el apartado d) del art. 136, que hubiera obligado a la Iglesia Católica y a las confesiones religiosas evangélicas, israelita e islámica a pagar la contribución territorial (impuesto equivalente al IBI) por todos los inmuebles de su propiedad, con la única excepción de los destinados al culto. La sentencia ha sido aprobada por unanimidad.

La norma recurrida (Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo) modificó la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales de Navarra. Según lo establecido en esta norma antes de su reforma, disfrutaban de exención en el pago de la contribución territorial los inmuebles (propiedad de la Iglesia Católica y de las Asociaciones Confesionales no católicas con las que el Estado hubiese establecido acuerdos de cooperación) destinados tanto al culto como a otros fines vinculados a las tareas propias de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas..

La sentencia del TC recuerda que tanto la ley de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (equivalente al Estatuto de otras CC.AA) como el Convenio Económico firmado con el Estado atribuyen a la Comunidad Foral un régimen tributario propio que debe respetar el régimen general del Estado y que no puede ser contrario a los tratados internacionales.

El Pleno advierte también que “la Constitución obliga a los poderes públicos, teniendo en cuenta „las creencias religiosas de la sociedad española‟, a mantener „las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones‟”.
Y recuerda que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, prevé “la posibilidad de que el Estado establezca Acuerdos o Convenios de cooperación con determinadas Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas” así como la posibilidad de extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas “los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico”. Para ello, el 3 de enero de 1979, el Estado firmó con la Santa Sede un acuerdo sobre Asuntos Económicos de conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Constitución; y en 1992, sendos acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España (leyes 24, 25 y 26 de 1992). Tanto el acuerdo con la Santa Sede como las leyes que contienen los acuerdos con las otras confesiones religiosas eximen del pago de la contribución territorial no solo a los inmuebles destinados al culto, sino también a los destinados a los fines antes citados.

Sentado lo anterior, y en lo que se refiere a la Iglesia Católica, el TC declara la inconstitucionalidad de la norma recurrida porque vulnera tanto el Estatuto de la Comunidad Foral (LO 13/1982) como el Convenio Económico suscrito entre esa Comunidad y el Estado.

Por las mismas razones y en relación con las otras confesiones religiosas, la sentencia considera también que la ley recurrida vulnera el artículo 149.1.1ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales, entre los que se encuentra el derecho fundamental a la libertad religiosa, y que se opone a los acuerdos firmados en 1992 entre el Estado y las confesiones evangelistas, israelita e islámica.

Madrid, 5 de diciembre de 2013.

Vea también:
– Actual normativa sobre el IBI para la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas 2013
– Declaración del Tribunal Constitucional de España sobre el IBI a la Iglesia (5 diciembre 2013)

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